Si hasta hace unos años el ciclo de captura, encierro y deportación era más lento –la mayoría de lxs deportadxs pasaban varias semanas (hasta un máximo de dos meses) internadxs en un CIE antes de la expulsión–, en los últimos tiempos la maquinaria represiva se ha sofisticado, de manera que muchas de las detenciones se ajustan a los días y horas previas al vuelo para no tener que recurrir al internamiento. El período máximo de 72 horas de calabozo se convierte en tiempo suficiente para tramitar y ejecutar la deportación. Como si la cadena de montaje expulsora se adaptara al just in time de la producción flexible. Es la deportación exprés.
Por otro lado, en los últimos años esta maquinaria ha devorado a buena parte de la población reclusa extranjera. En diciembre de 2009 había unxs 27 000 presxs extranjerxs en las cárceles españolas; en diciembre de 2016, 10 000 menos. Del descenso total de la población reclusa –que cae en ese mismo período de 76 000 a 60 000 presxs–, el 60 % es de población extranjera. Daniel Jiménez Franco, en una reciente charla que ofreció en Cambalache, respondía a la pregunta «¿cuánto encarcela el Estado?» con una frase breve y contundente: «Todo lo que puede». En su libroMercado-Estado-cárcel en la democracia neoliberal española, muestra cómo el encierro se multiplica durante el período del «milagro económico» y cómo el negocio de las cárceles pisa el freno bajo el impacto de la crisis de acumulación capitalista. Una de las principales maneras de vaciar los talegos –que conste que el número de presxs sigue siendo elevadísimo–, ha sido y es la expulsión del territorio.
Barceló y Air Nostrum presentan la oferta económicamente más ventajosa, superando a Globalia, que suma un nuevo revés tras perder parte del contrato del Imserso.
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