El Gobierno justifica las sedaciones en deportaciones con un control independiente que no existe

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La Comisión Europea y el Gobierno han defendido la legalidad del uso de sedaciones forzosas en los vuelos de deportación cuando, por razones de “seguridad” de los pasajeros, resultan necesarias en situaciones de “urgencia”. Particularmente, el Gobierno español ha negado la opacidad que, según organizaciones sociales, rodea a estos operativos asegurando que “en cada dispositivo de repatriación colectiva” viaja un representante de la Defensora del Pueblo.

Sin embargo, fuentes de la institución dirigida por Soledad Becerril se han desvinculado de esta labor: no tienen asignada una tarea de vigilancia permanente sino que se limita a inspecciones puntuales.

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